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Poder Político y Derecho en la Antigüedad
Poder Político y Derecho en la Antigüedad

Durante los primeros años del largo periodo de la Monarquía romana (años 753 a 367 AC) el derecho (ius) y la religión (fas), aunque separados, guardaban todavía un cierto vínculo. El peso que siempre han tenido la costumbre y la religión sobre el derecho destacaba en esta época, de manera que el ius civile era la interpretación que los pontífices juristas (prudentes) hacían de las costumbres de los antepasados (mores maiorum).

En esta sociedad antigua romana, dividida a grandes rasgos entre patricios y plebeyos, el órgano creador del derecho era el colegio de pontífices, compuesto por representantes de los patricios, quienes hicieron suyo el ius civile, aunque más adelante se produjo un nuevo ius civile aplicable a ambos, patricios y plebeyos, fijado en la denominada Ley de las Doce Tablas (ius civile legitimun).

Junto al ius civile, diferentes asambleas populares de carácter civil o militar (comitia curiata, comitia centuriata, comitia tributa) producían la ley como expresión de la voluntad popular. Aquí conviene distinguir la diferencia entre ley y plebiscito. La ley era producto del pueblo romano (integrado por ciudadanos romanos patricios y plebeyos), y el plebiscito era producto de la plebe (sólo los ciudadanos romanos plebeyos, sin participación de los patricios), en ambos casos mediante acuerdos tomados en sus respectivas asambleas. Por ello los plebiscitos no obligaban en un principio a los patricios, pues éstos no participaban en su elaboración, hasta que posteriormente, en el periodo de la República, la ley Hortensia (año 286 AC) equiparó leyes y plebiscitos, obligando a todos.

El también extenso periodo de la República (años 367 a 27 AC) se caracterizó por producir un derecho ya bastante más desvinculado de la religión y de los pontífices, en donde, además de las leyes y plebiscitos de las asambleas populares, magistrados como el pretor urbano y el pretor peregrino, laicos pertenecientes a la nueva nobleza romana patricio-plebeya, tenían jurisdicción, es decir, potestad de decir y dictar derecho. El derecho del pretor urbano (el ius honorarium) estaba destinado sólo a los ciudadanos romanos, mientras que el derecho del pretor peregrino (el ius gentium) estaba destinado a los peregrinos o extranjeros (es decir, a quienes no eran romanos) y a regular las relaciones entre éstos y los ciudadanos romanos. Ambos derechos, el ius honorarium y el ius gentium, desarrollaban y completaban el ius civile. Por su parte, el Senado producía los senatusconsulta, aunque sin valor de ley, sino sólo con valor de opinión cualificada.

La época del Principado (años 27 AC a 235 DC) se caracterizó en que el Princeps, que era el primero entre los ciudadanos romanos, estaba dotado de todo el poder del pueblo romano en la potestad imperial. Ejercía unipersonalmente ese poder que antes era del pueblo romano, y controlaba el Senado, pues sus integrantes tenían que haber ocupado una magistratura cuyo nombramiento era exclusiva competencia de él. Ya al inicio de este periodo cabe destacar la creación de una nueva administración más eficaz que las anteriores de cara al control de la vasta expansión del Imperio, que culminará a partir del siglo II DC en la reorganización del consilium principis.

En esta época los senatusconsulta adquirieron el valor de ley, potenciando así la posición del Príncipe (que, recordemos, mantenía el control del Senado), y además elegía a los juristas que contaban con su autoridad (el ius publice respondendi ex autoritate principis), de manera que, aunque los jueces podían invocar a cualquier jurista, sólo estaban obligados a seguir las opiniones de quienes tenían el ius publice respondendi ex autoritate principis.

Tanto poder acumulado en el Príncipe posibilitó que éste tuviera la potestad de crear derecho directamente mediante normas con valor de ley o, mejor dicho, que dichas normas del Príncipe eran la ley misma, las denominadas constituciones, que consistían en normas de carácter general y abstracto dirigidas por el Príncipe a una parte o a toda la población (edictos), en instrucciones dirigidas por el Príncipe a los funcionarios (mandata), en sentencias cuando el Príncipe actuaba como juez (decreta), o en respuestas dadas por el Príncipe a los particulares (rescripta) o a los funcionarios (epistulae).

A partir del siglo II DC en que Adriano reorganizó el consilium principis, fue este órgano quien asumió el papel de los juristas que hasta entonces habían tenido el ius publice respondendi ex autoritate principis, y las disposiciones del Senado se limitaban a las orationes principis que eran aprobadas sin apenas debate y sin modificaciones.

La época del Dominado (años 235 a 476 DC) se inicia con una profunda crisis provocada sobre todo por las luchas internas de poder, y se caracteriza porque el Emperador, especialmente a partir de Diocleciano, ostentaba todo el poder del pueblo romano y el dominio absoluto de todo. Era el Dominus et Deus, revestido de carácter divino que, más adelante, con la cristianización del Imperio, se le considerará un intermediario entre Dios y los hombres.

Se consolidaron aún más los principios de la época del Principado, tales como “Lo que place al Príncipe tiene fuerza de ley” y “El Príncipe no se encuentra sometido a la ley”, llegando el Emperador a ser la única fuente de creación del derecho, cuyas decisiones y voluntad eran leyes, y reduciéndose el papel del Senado a registrar las mismas. El derecho nuevo (ius novum) lo constituía precisamente esas leges del Emperador, y el derecho antiguo (ius vetus) era la herencia jurídica de las pasadas épocas que estaba recogido en las obras de los juristas (iura).

La administración se reestructuró, encontrándose el magister officiorum al frente de los officia o funcionarios, con un encargado de los asuntos de justicia, el quaestor sacri palatii. Se reformó el ejército, con más miembros, más profesional y con la incorporación cada vez mayor de bárbaros o extranjeros. Se reformó asimismo el sistema fiscal, con mayores necesidades de impuestos, adscribiendo a los cargos de cobrar impuestos (decuriones) a los descendientes de los mismos, medida que también se adoptó en otros oficios, como labradores, soldados y funcionarios. Los grandes propietarios de tierras crearon una organización fiscal y militar paralela a la Estatal, defendiendo sus tierras de los ataques bárbaros con sus propios ejércitos y sometiendo a los campesinos mediante impuestos. Se elaboraron compilaciones de leges, iura y mixtas como medida de difusión y conocimiento del derecho.

Con Teodosio II se reunió en un libro o código (Código Teodesiano, del año 429 DC) todas las constituciones generales a partir de Constantino, de forma que las no incluidas quedarían derogadas al no poderse alegar en juicio, reconociendo carácter oficial a los códigos Gregoriano y Hermogeniano. Este mismo código Teodesiano incluyó la constitución de Valenciano III del año 426 DC (Ley de Citas) que respecto a los iura establecía qué juristas podían invocarse en juicio, determinando que sólo serían invocables Papiano, Paulo, Gayo, Ulpiano y Modestino (el llamado Tribunal de los Muertos), así como otros juristas que debían estar citados en las obras de éstos, debiéndose seguir la opinión de la mayoría para resolver el caso concreto, y cuando hubiese empates o contradicciones, prevalecería la opinión de Papiano.

Pero la sociedad terminó creando un derecho de la práctica, o derecho romano vulgar, alejado del derecho romano oficial por estar éste más al servicio del poder del Emperador que de dar las respuestas adecuadas que necesitaba el pueblo, es decir, por tratar el derecho oficial de amoldar la sociedad al derecho en lugar de lo contrario, todo lo cual propició que los reyes visigodos instalados en el Imperio Romano, más cercanos a la realidad del pueblo, utilizasen el derecho romano vulgar antes que el oficial.

Cuando los visigodos se instalaron en la región de Aquitania secunda en virtud de un foedus o pacto celebrado en el año 418 DC entre el Rey visigodo y el Emperador, ya estaban bastante romanizados, pues desde muchos años atrás habían habitado en la parte oriental del Imperio Romano. Por ello, cuando desapareció el Imperio Romano en el año 476 DC, los visigodos ya conocían y habían convivido con el Derecho Romano (leges e iura) de la época del Dominado, derecho que recogieron después en el Breviario de Alarico (año 506 DC), aunque el Código de Eurico y el Código Revisus de Leovigildo recogieron el derecho de la práctica que los visigodos ya venían utilizando desde tiempos atrás, especialmente con motivo de los problemas suscitados a raíz del reparto de tierras entre galorromanos y visigodos. Estos códigos en realidad ya no eran derecho romano, sino derecho visigodo, pues ya se había extinguido el Imperio Romano, si bien el derecho visigodo era copia del derecho romano heredado de la época del Dominado.

Recesvinto en el año 654 DC promulgó el Liber Iudiciorum, que disponía que a partir de entonces ya no se aplicarían las leges e iura romanos, sino sólo las leyes que en él se contenían, dictadas por los reyes visigodos, aunque de tradición romana. Posteriores versiones no oficiales del Liber Iudiciorum se denominaron vulgatas.

La conversión de los visigodos al catolicismo (año 587 DC) facilitó la legitimación del poder de los reyes y su potestad monopolista de crear derecho (heredada del Dominado), pues según la doctrina política de Isidoro de Sevilla, el mundo terrenal estaba subordinado al mundo sobrenatural y el poder humano tenía un origen divino, estando al servicio de Dios como instrumento para apartar a los pueblos del mal y llevarlos al bien. De ahí que el rey debiera someter sus leyes a los Concilios de la Iglesia para obtener su asentimiento como garantía de una actuación justa y recta, lo que a la vez aumentaba su prestigio como rey.

A medida que los visigodos se fueron romanizando, marcaron sus diferencias sociales y económicas, perdiendo totalmente su inicial estructura social basada en el igualitarismo de sus miembros.

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