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La Huelga

El derecho de huelga, reconocido como derecho fundamental por el artículo 28.2 de nuestra gran norma suprema viene a ser regulado por el Real Decreto-Ley 17/1977 de 4 de marzo, sobre las Relaciones de Trabajo.

El derecho de huelga se le reconoce a todos los trabajadores para la defensa de sus intereses. En consonancia con la STC 11/1981, se puede decir que el derecho de huelga es una actividad individual pero de ejercicio colectivo.

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Nuevas Medidas de Liberización Comercial

El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, publicado en el Boletín Oficial del Estado del pasado 14 de julio, recoge, entre otras muchas, determinadas medidas de liberalización comercial y de fomento de la internacionalización empresarial.

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Criterios del Tribunal Constitucional Sobre la “Reformatio in Peius” en el Proceso Penal

Ya desde sus primeros años de funcionamiento nuestro Tribunal Constitucional tuvo numerosas ocasiones para pronunciarse sobre la prohibición de la “reformatio in peius” en el proceso penal. En este artículo comentaremos dos sentencias del TC de mediados de los años ochenta que versan sobre este tema, y otra mucho más reciente que, en cierta manera, contrasta con aquéllas.

En general, el TC considera que la prohibición de la "reformatio in peius" es un elemento esencial de las garantías de todo proceso, y que su vulneración implica la violación del artículo 24 de la Constitución.

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El Matrimonio Civil: Formas y Requisitos según el Código Civil

Tradicionalmente, el matrimonio se ha entendido como la unión legal de un hombre y una mujer. Así, en este sentido, el Código Civil establece en una de sus disposiciones que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a lo dispuesto en el mismo. Pero esta redacción del artículo 44 no quedó así, sino que en el año 2005 se añadió una novedad: "El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo". La introducción de este apartado en el artículo 44 del Código Civil fue origen de una gran polémica. El 30 de junio de 2005 se aprobó la ley que modificaba el Código Civil en este sentido y que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo (Ley 13/2005, de 1 de julio).

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Interrupción Voluntaria del Embarazo

La Ley Orgánica 2 /2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, viene a garantizar los derechos que resultan fundamentales en el ámbito de la salud tanto sexual como reproductiva, a regular aquellas condiciones necesarias para la interrupción voluntaria del embarazo, así como a fijar las obligaciones que presentan los poderes públicos con respecto al tema.

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Consideraciones sobre la Obra Colectiva

La obra colectiva aparece recogida en el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Dicho precepto establece que "se considerá obra colectiva la creada por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona natural o jurídica que la edita y divulga bajo su nombre y está constituida por la reunión de aportaciones de diferentes autores cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma, para la cual haya sido concebida sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada", matizando que  "salvo pacto en contrario, los derechos sobre la obra colectiva corresponderán a la persona que la edite y divulgue bajo su nombre". 

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Contratación por Vía Electrónica

La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, trata sobre este importante asunto en su Título IV, que no es de aplicación a los contratos relativos al Derecho de familia y sucesiones.

Sobre la validez y eficacia de los contratos celebrados por vía electrónica, dispone la Ley que dichos contratos producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez. Los contratos electrónicos se regirán por lo dispuesto, además de en la propia Ley 34/2002, por los Códigos Civil y de Comercio y por las restantes normas civiles o mercantiles sobre contratos, y en especial, por las normas de protección de los consumidores y usuarios y de ordenación de la actividad comercial.

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La elaboración de esta norma se fundamenta en la disposición final tercera de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que habilitaba al Gobierno para dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicación de dicha Ley. En este caso concreto se desarrolla el régimen jurídico específico del flujo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Ya el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos, había incorporado al ordenamiento jurídico español la Directiva 2002/96/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo.

Posteriormente la citada Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, incorporó a nuestro ordenamiento interno la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y la Directiva marco de residuos del Consejo. Entre sus novedades se incluían las condiciones en las que deben operar los gestores de residuos, el régimen de comunicación y autorización de los gestores y de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, así como el Registro de Producción y Gestión de Residuos único en el ámbito estatal. Esta ley también preveía la existencia de reales decretos para los flujos específicos de residuos que contendrán las especificidades propias del régimen de cada tipo de residuos.

La necesidad de elaborar este nuevo Real Decreto obedece a los importantes cambios que ha marcado la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio, así como a la necesidad de mejorar determinados aspectos del funcionamiento del modelo de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que tras el Real Decreto 208/2005 no habían sido suficientemente desarrollados. Era necesario abordar una nueva norma que nos sitúe en la senda del cumplimiento de los nuevos objetivos y obligaciones más ambiciosas y exigentes que la Directiva de 2012 recoge.

El Real Decreto ahora comentado incorpora, pues, al ordenamiento jurídico español la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio, incluye las novedades de la Ley 22/2011 y deroga el anterior Real Decreto 208/2005 en materia de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos para superar los problemas detectados en su aplicación e incluir la experiencia adquirida en este sector de tan rápida evolución.

Este nuevo Real Decreto 110/2015 se estructura en once capítulos que quedan ordenados siguiendo las etapas que van desde la aparición de los aparatos eléctricos y electrónicos en el mercado, a la recogida y gestión de los residuos de estos aparatos.

El primer capítulo contiene las disposiciones generales e incluye el nuevo ámbito de aplicación que amplía el ámbito actual de aplicación y modifica las categorías de aparatos eléctricos y electrónicos, que pasan a agruparse en siete categorías, a diferencia de las diez hasta ahora existentes.

En el capítulo segundo se regulan las obligaciones de productores de aparatos eléctricos y electrónicos relativas a la introducción en el mercado de los mismos, tales como el marcado del equipo para que se informe al consumidor sobre la necesidad de no depositarlos con la basura doméstica sino de manera separada, así como las pautas que hay que seguir en el caso de que contengan pilas extraíbles.

El capítulo tercero regula la prevención de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y la reutilización de los usados, destacando la importancia de evitar nuevos residuos mediante la prevención de su generación y el alargamiento de su vida útil.

El cuarto capítulo contiene seis secciones dedicadas a la recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a través de los distintos canales, así como a las obligaciones de información y los objetivos de recogida separada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

El capítulo quinto regula el tratamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, especialmente la preparación para su reutilización, de manera que se reconozca su relevancia específica y se establecen requisitos técnicos específicos para garantizar su profesionalidad. También trata sobre el cumplimiento de las obligaciones de información, creando una plataforma electrónica que actúa como una única base de datos sobre recogida y tratamiento de residuos y que es alimentada por información de los operadores que recogen o reciben los residuos y por los gestores que los tratan. Así se garantiza el control de los residuos, ya que la plataforma es el medio a través del cual los gestores cumplen con sus obligaciones de información, tales como el mantenimiento del archivo cronológico y la memoria anual.

El capítulo sexto regula los traslados de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos dentro de España, en coherencia con la normativa sobre este tipo de traslados ya existente y con el régimen de traslados fuera del territorio nacional y fuera de la UE, dada la especial problemática generada por el traslado ilegal de este tipo de residuos a países en desarrollo que ponen en riesgo tanto la salud como el medio ambiente y el acceso a los recursos y materias primas necesarias para la fabricación de estos aparatos. También se incorporan los requisitos para distinguir el traslado de aparatos eléctricos y electrónicos usados de los traslados de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, tal y como dispone la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

El capítulo séptimo detalla los requisitos de las autorizaciones, comunicaciones y de otras obligaciones de los gestores de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, detallando los requisitos y comprobaciones técnicas que se precisan para garantizar un adecuado tratamiento de este tipo de residuos, dado que contienen, además de materiales valiosos, también componentes y sustancias peligrosas que han de ser adecuadamente extraídas de los residuos para evitar la contaminación de los materiales en las fases posteriores de fragmentación, compactación y reciclaje de los mismos, tal y como se establece en los correspondientes anexos del propio Real Decreto.

El capítulo octavo está dedicado en sus cuatro secciones a la responsabilidad ampliada del productor de aparatos eléctricos y electrónicos. Asimismo, se incorporan medidas de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas a los efectos de simplificar las obligaciones de los productores en materia de comunicación de los informes anuales, en el ámbito autonómico y estatal, a las autoridades competentes en materia de residuos, que pasan a comunicarse sólo a una autoridad, al correspondiente Ministerio, que luego será quien dé traslado a las comunidades autónomas, reduciendo con ello las cargas administrativas de los operadores.

El capítulo noveno trata sobre obligaciones de información de las administraciones públicas, información de las administraciones públicas a los usuarios, cooperación administrativa e intercambio de información, e informe a la Comisión Europea.

En el capítulo décimo se regula la coordinación en materia de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, sus específicas funciones de coordinación, así como la plataforma electrónica de gestión de los mismos y la oficina de asignación de su recogida.

El capítulo décimo primero se dedica a las cuestiones de supervisión, control y vigilancia, inspección y régimen sancionador en la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Finalmente la nueva norma contiene tres disposiciones adicionales, once disposiciones transitorias, una derogatoria única, cuatro finales y dieciocho anexos.

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