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Novedades que Introduce la Ley de Agilización Procesal en Materia Civil

El pasado día 31 de octubre entró en vigor la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de Agilización Procesal, introduciendo novedades que afectan a diversos tipos de procesos.

Entre los principales cambios dispuestos por esta Ley en el ámbito civil, destacan los siguientes:

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Uno de los Antecedentes de la Actual Crisis Financiera Mundial: El Caso Enron

Según publicó la Revista Fortune, en poco más de quince años, desde 1985 a 2001, Enron pasó de ser una pequeña o mediana empresa de gas de Texas a convertirse en una gran multinacional que llegó a ser el séptimo grupo empresarial de mayor valor en Estados Unidos, con unos 21.000 trabajadores en cerca de 40 países, poseyendo plantas de energía, compañías de agua, distribuidoras de gas y otras compañías dedicadas a la distribución de servicios a consumidores y a empresas, llegando a ser uno de los principales comercializadores de productos energéticos a nivel mundial y entrando a competir en los por entonces recién liberalizados mercados europeos, especialmente en el Reino Unido.

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Algunas Novedades de la Nueva Ley Reguladora de la Jurisdicción Social

La nueva Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, introduce, entre otras, notables novedades competenciales respecto a las materias de prevención de riegos laborales, derechos fundamentales y libertades públicas de empresarios y trabajadores en el ámbito de la relación de trabajo, impugnación de actos administrativos en materia laboral y de Seguridad Social, y protección social.

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La Mediación Familiar

La Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía, tiene por objeto regular las actuaciones de mediación familiar cuando se refieran a conflictos surgidos en el ámbito privado relacionados con los siguientes asuntos:

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Alimentos entre Parientes

Según la definición dada por el Código Civil, se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Dentro del término alimentos se va a comprender la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aun después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable. También se incluirán en ellos los gastos de embarazo y parto, en cuanto no estén cubiertos de otro modo.

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Responsabilidad de los Agentes de la Edificación

La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, trata este tema en su Capítulo IV, artículos 17 al 20.

Tienen responsabilidad civil las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación, esto es, los llamados agentes de la edificación. Dichos agentes son el promotor, el proyectista, el constructor, el director de obra, el director de ejecución de obra, las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación, y los suministradores de productos.

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El Derecho de Asociación

El derecho de asociación ha sido objeto de regulación a lo largo de todas las etapas constitucionales de nuestro país, pasando por momentos difíciles al caer en el sometimiento de un gran control estatal.

Actualmente el derecho de asociación se encuentra regulado por numerosos instrumentos legales.

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La elaboración de esta norma se fundamenta en la disposición final tercera de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que habilitaba al Gobierno para dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicación de dicha Ley. En este caso concreto se desarrolla el régimen jurídico específico del flujo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Ya el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos, había incorporado al ordenamiento jurídico español la Directiva 2002/96/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo.

Posteriormente la citada Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, incorporó a nuestro ordenamiento interno la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y la Directiva marco de residuos del Consejo. Entre sus novedades se incluían las condiciones en las que deben operar los gestores de residuos, el régimen de comunicación y autorización de los gestores y de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, así como el Registro de Producción y Gestión de Residuos único en el ámbito estatal. Esta ley también preveía la existencia de reales decretos para los flujos específicos de residuos que contendrán las especificidades propias del régimen de cada tipo de residuos.

La necesidad de elaborar este nuevo Real Decreto obedece a los importantes cambios que ha marcado la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio, así como a la necesidad de mejorar determinados aspectos del funcionamiento del modelo de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que tras el Real Decreto 208/2005 no habían sido suficientemente desarrollados. Era necesario abordar una nueva norma que nos sitúe en la senda del cumplimiento de los nuevos objetivos y obligaciones más ambiciosas y exigentes que la Directiva de 2012 recoge.

El Real Decreto ahora comentado incorpora, pues, al ordenamiento jurídico español la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio, incluye las novedades de la Ley 22/2011 y deroga el anterior Real Decreto 208/2005 en materia de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos para superar los problemas detectados en su aplicación e incluir la experiencia adquirida en este sector de tan rápida evolución.

Este nuevo Real Decreto 110/2015 se estructura en once capítulos que quedan ordenados siguiendo las etapas que van desde la aparición de los aparatos eléctricos y electrónicos en el mercado, a la recogida y gestión de los residuos de estos aparatos.

El primer capítulo contiene las disposiciones generales e incluye el nuevo ámbito de aplicación que amplía el ámbito actual de aplicación y modifica las categorías de aparatos eléctricos y electrónicos, que pasan a agruparse en siete categorías, a diferencia de las diez hasta ahora existentes.

En el capítulo segundo se regulan las obligaciones de productores de aparatos eléctricos y electrónicos relativas a la introducción en el mercado de los mismos, tales como el marcado del equipo para que se informe al consumidor sobre la necesidad de no depositarlos con la basura doméstica sino de manera separada, así como las pautas que hay que seguir en el caso de que contengan pilas extraíbles.

El capítulo tercero regula la prevención de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y la reutilización de los usados, destacando la importancia de evitar nuevos residuos mediante la prevención de su generación y el alargamiento de su vida útil.

El cuarto capítulo contiene seis secciones dedicadas a la recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a través de los distintos canales, así como a las obligaciones de información y los objetivos de recogida separada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

El capítulo quinto regula el tratamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, especialmente la preparación para su reutilización, de manera que se reconozca su relevancia específica y se establecen requisitos técnicos específicos para garantizar su profesionalidad. También trata sobre el cumplimiento de las obligaciones de información, creando una plataforma electrónica que actúa como una única base de datos sobre recogida y tratamiento de residuos y que es alimentada por información de los operadores que recogen o reciben los residuos y por los gestores que los tratan. Así se garantiza el control de los residuos, ya que la plataforma es el medio a través del cual los gestores cumplen con sus obligaciones de información, tales como el mantenimiento del archivo cronológico y la memoria anual.

El capítulo sexto regula los traslados de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos dentro de España, en coherencia con la normativa sobre este tipo de traslados ya existente y con el régimen de traslados fuera del territorio nacional y fuera de la UE, dada la especial problemática generada por el traslado ilegal de este tipo de residuos a países en desarrollo que ponen en riesgo tanto la salud como el medio ambiente y el acceso a los recursos y materias primas necesarias para la fabricación de estos aparatos. También se incorporan los requisitos para distinguir el traslado de aparatos eléctricos y electrónicos usados de los traslados de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, tal y como dispone la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

El capítulo séptimo detalla los requisitos de las autorizaciones, comunicaciones y de otras obligaciones de los gestores de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, detallando los requisitos y comprobaciones técnicas que se precisan para garantizar un adecuado tratamiento de este tipo de residuos, dado que contienen, además de materiales valiosos, también componentes y sustancias peligrosas que han de ser adecuadamente extraídas de los residuos para evitar la contaminación de los materiales en las fases posteriores de fragmentación, compactación y reciclaje de los mismos, tal y como se establece en los correspondientes anexos del propio Real Decreto.

El capítulo octavo está dedicado en sus cuatro secciones a la responsabilidad ampliada del productor de aparatos eléctricos y electrónicos. Asimismo, se incorporan medidas de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas a los efectos de simplificar las obligaciones de los productores en materia de comunicación de los informes anuales, en el ámbito autonómico y estatal, a las autoridades competentes en materia de residuos, que pasan a comunicarse sólo a una autoridad, al correspondiente Ministerio, que luego será quien dé traslado a las comunidades autónomas, reduciendo con ello las cargas administrativas de los operadores.

El capítulo noveno trata sobre obligaciones de información de las administraciones públicas, información de las administraciones públicas a los usuarios, cooperación administrativa e intercambio de información, e informe a la Comisión Europea.

En el capítulo décimo se regula la coordinación en materia de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, sus específicas funciones de coordinación, así como la plataforma electrónica de gestión de los mismos y la oficina de asignación de su recogida.

El capítulo décimo primero se dedica a las cuestiones de supervisión, control y vigilancia, inspección y régimen sancionador en la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Finalmente la nueva norma contiene tres disposiciones adicionales, once disposiciones transitorias, una derogatoria única, cuatro finales y dieciocho anexos.

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