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El Tribunal Supremo anula el artículo 10.2. b del Reglamento que desarrolla la Ley 15/1999

La sentencia de 8 de febrero de 2012 de la sección sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo adapta el ordenamiento jurídico español al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en consecuencia anula el artículo 10.2.b) del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

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Registro de Asociaciones

La LO 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, viene a establecer que el derecho de asociación incluye el derecho a la inscripción en el Registro de Asociaciones competente. En este sentido contempla dos tipos de Registros, el nacional y los autonómicos.

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Otrogan la Medalla de Oro al Mérito Profesional al Abogado D. Juan Manuel Delgado Lope

La reconocida entidad Foro Europa 2001, presidida por el letrado D. José Luis Salaverría, ha concedido al Abogado de Córdoba y Sevilla D. Juan Manuel Delgado Lope, director de la firma Delope Abogados, la medalla de oro al mérito profesional, distinción que se concede a profesionales liberales y personalidades de distintas instituciones en reconocimiento a su prestigio profesional, configurándose como un galardón que se otorga en base a criterios objetivos de profesionalidad, constancia y excelencia.

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Ingreso en la Carrera Judicial

Los artículos 301 y siguientes de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, modificados y/o actualizados, entre otras, por la Ley Orgánica 9/2000, de 22 de diciembre, sobre medidas urgentes para la agilización de la Administración de Justicia, por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la LOPJ, por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial, y por la Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia por la que se modifica la LOPJ, contienen la legislación básica sobre esta materia.

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La Adopción Internacional

La Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción internacional, conjuga los principios y valores de nuestra Constitución con las disposiciones que se contienen en los instrumentos internacionales en materia de adopción que son parte de nuestro ordenamiento jurídico. Es preciso señalar la trascendencia que tienen, en esta nueva ordenación, los principios contenidos en el Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, de 20 de noviembre de 1989, en la Declaración de Naciones Unidas sobre los principios sociales y jurídicos aplicables a la protección y al bienestar de los niños, en el Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993 y ratificado por España en 1995.

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Competencias Autonómicas en Derecho Civil

El articulo 149.1.8 de la Constitución establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico- civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial.

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¿Cómo se reparten los gastos y responsabilidades por visitas a los hijos cuando los padres separados residen en diferentes localidades?

El Tribunal Supremo ha fijado doctrina jurisprudencial sobre cómo han de repartirse las cargas inherentes al régimen de visitas de los hijos cuando los progenitores separados residen en diferentes localidades.

A partir de la sentencia de 26 de mayo de 2014 de la Sala Primera del Tribunal Supremo, y en base a esa doctrina jurisprudencial, esas cargas ya no serán exclusivas del progenitor no custodio, como casi siempre venía sucediendo, sino que serán ambos progenitores quienes correrán con los gastos de forma equitativa, teniendo en cuenta su capacidad económica y también sus circunstancias personales, familiares y laborales.

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La elaboración de esta norma se fundamenta en la disposición final tercera de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que habilitaba al Gobierno para dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicación de dicha Ley. En este caso concreto se desarrolla el régimen jurídico específico del flujo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Ya el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos, había incorporado al ordenamiento jurídico español la Directiva 2002/96/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo.

Posteriormente la citada Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, incorporó a nuestro ordenamiento interno la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y la Directiva marco de residuos del Consejo. Entre sus novedades se incluían las condiciones en las que deben operar los gestores de residuos, el régimen de comunicación y autorización de los gestores y de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, así como el Registro de Producción y Gestión de Residuos único en el ámbito estatal. Esta ley también preveía la existencia de reales decretos para los flujos específicos de residuos que contendrán las especificidades propias del régimen de cada tipo de residuos.

La necesidad de elaborar este nuevo Real Decreto obedece a los importantes cambios que ha marcado la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio, así como a la necesidad de mejorar determinados aspectos del funcionamiento del modelo de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que tras el Real Decreto 208/2005 no habían sido suficientemente desarrollados. Era necesario abordar una nueva norma que nos sitúe en la senda del cumplimiento de los nuevos objetivos y obligaciones más ambiciosas y exigentes que la Directiva de 2012 recoge.

El Real Decreto ahora comentado incorpora, pues, al ordenamiento jurídico español la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio, incluye las novedades de la Ley 22/2011 y deroga el anterior Real Decreto 208/2005 en materia de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos para superar los problemas detectados en su aplicación e incluir la experiencia adquirida en este sector de tan rápida evolución.

Este nuevo Real Decreto 110/2015 se estructura en once capítulos que quedan ordenados siguiendo las etapas que van desde la aparición de los aparatos eléctricos y electrónicos en el mercado, a la recogida y gestión de los residuos de estos aparatos.

El primer capítulo contiene las disposiciones generales e incluye el nuevo ámbito de aplicación que amplía el ámbito actual de aplicación y modifica las categorías de aparatos eléctricos y electrónicos, que pasan a agruparse en siete categorías, a diferencia de las diez hasta ahora existentes.

En el capítulo segundo se regulan las obligaciones de productores de aparatos eléctricos y electrónicos relativas a la introducción en el mercado de los mismos, tales como el marcado del equipo para que se informe al consumidor sobre la necesidad de no depositarlos con la basura doméstica sino de manera separada, así como las pautas que hay que seguir en el caso de que contengan pilas extraíbles.

El capítulo tercero regula la prevención de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y la reutilización de los usados, destacando la importancia de evitar nuevos residuos mediante la prevención de su generación y el alargamiento de su vida útil.

El cuarto capítulo contiene seis secciones dedicadas a la recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a través de los distintos canales, así como a las obligaciones de información y los objetivos de recogida separada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

El capítulo quinto regula el tratamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, especialmente la preparación para su reutilización, de manera que se reconozca su relevancia específica y se establecen requisitos técnicos específicos para garantizar su profesionalidad. También trata sobre el cumplimiento de las obligaciones de información, creando una plataforma electrónica que actúa como una única base de datos sobre recogida y tratamiento de residuos y que es alimentada por información de los operadores que recogen o reciben los residuos y por los gestores que los tratan. Así se garantiza el control de los residuos, ya que la plataforma es el medio a través del cual los gestores cumplen con sus obligaciones de información, tales como el mantenimiento del archivo cronológico y la memoria anual.

El capítulo sexto regula los traslados de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos dentro de España, en coherencia con la normativa sobre este tipo de traslados ya existente y con el régimen de traslados fuera del territorio nacional y fuera de la UE, dada la especial problemática generada por el traslado ilegal de este tipo de residuos a países en desarrollo que ponen en riesgo tanto la salud como el medio ambiente y el acceso a los recursos y materias primas necesarias para la fabricación de estos aparatos. También se incorporan los requisitos para distinguir el traslado de aparatos eléctricos y electrónicos usados de los traslados de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, tal y como dispone la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

El capítulo séptimo detalla los requisitos de las autorizaciones, comunicaciones y de otras obligaciones de los gestores de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, detallando los requisitos y comprobaciones técnicas que se precisan para garantizar un adecuado tratamiento de este tipo de residuos, dado que contienen, además de materiales valiosos, también componentes y sustancias peligrosas que han de ser adecuadamente extraídas de los residuos para evitar la contaminación de los materiales en las fases posteriores de fragmentación, compactación y reciclaje de los mismos, tal y como se establece en los correspondientes anexos del propio Real Decreto.

El capítulo octavo está dedicado en sus cuatro secciones a la responsabilidad ampliada del productor de aparatos eléctricos y electrónicos. Asimismo, se incorporan medidas de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas a los efectos de simplificar las obligaciones de los productores en materia de comunicación de los informes anuales, en el ámbito autonómico y estatal, a las autoridades competentes en materia de residuos, que pasan a comunicarse sólo a una autoridad, al correspondiente Ministerio, que luego será quien dé traslado a las comunidades autónomas, reduciendo con ello las cargas administrativas de los operadores.

El capítulo noveno trata sobre obligaciones de información de las administraciones públicas, información de las administraciones públicas a los usuarios, cooperación administrativa e intercambio de información, e informe a la Comisión Europea.

En el capítulo décimo se regula la coordinación en materia de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, sus específicas funciones de coordinación, así como la plataforma electrónica de gestión de los mismos y la oficina de asignación de su recogida.

El capítulo décimo primero se dedica a las cuestiones de supervisión, control y vigilancia, inspección y régimen sancionador en la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Finalmente la nueva norma contiene tres disposiciones adicionales, once disposiciones transitorias, una derogatoria única, cuatro finales y dieciocho anexos.

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