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La Formación Religiosa, un Tema Controvertido

El artículo 27.3 de la Constitución dispone que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Algunos autores deducen de ello que la configuración de la educación religiosa y moral en los niveles obligatorios de enseñanza es un auténtico derecho que ostentan los padres para poder elegir y asegurar la educación más conforme a sus convicciones religiosas, de manera que dicha norma constitucional impondría a los poderes públicos un verdadero deber de actuar que garantice a todos los ciudadanos su derecho de poder exigir el cumplimiento de una obligación constitucional de gratuidad de la enseñanza religiosa.

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Consideraciones Jurídicas sobre la Moral Publica

Con arreglo a nuestros valores constitucionales, la moral pública no puede considerarse como un límite jurídico que hace referencia expresa a la moralidad de la Iglesia Católica, pues el legislador de un Estado aconfesional como el nuestro (o de laicidad positiva o cooperativa, como también se le califica) no puede preferir o identificarse con la moral de una determinada iglesia o confesión religiosa en detrimento de las demás iglesias o confesiones o de quienes no profesan ninguna religión.

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Regulación del Juego. Ley 13/2011, de 27 de Mayo

Desde que se produjo la despenalización del juego y debido a la irrupción de los nuevos servicios de comunicaciones electrónicas y a la utilización de los servicios de juego interactivos a través de Internet, ha cambiado la concepción tradicional del juego.

Recientemente, se han visto superados los límites de las relaciones comerciales que tradicionalmente se llevaban a cabo, todo ello como consecuencia del auge que han experimentado las apuestas y juegos a través de Internet. A su vez, han ido apareciendo nuevos operadores en el mercado del juego.

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Mecanismos de Responsabilidad Política del Estatuto de Autonomía de Andalucía

Tanto la Constitución de 1978 como el nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo) han adoptado el modelo del llamado parlamentarismo racionalizado, sistema de organización y relación entre los poderes basado en el establecimiento de mecanismos de exigencia de responsabilidad política al Gobierno por parte del Parlamento.

La finalidad de esos mecanismos es la introducción de una serie de procedimientos y limitaciones que permitan evitar la inestabilidad política que supondría dejar la exigencia de tal responsabilidad al libre juego de los agentes y factores políticos. La racionalización en el ámbito autonómico remite, pues, a la existencia de un sistema parlamentario estatutariamente reglado que queda sustraído por ello a las decisiones del propio Parlamento, sobre el que rige normativamente.

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Algunas Novedades de la Nueva Ley Reguladora de la Jurisdicción Social

La nueva Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, introduce, entre otras, notables novedades competenciales respecto a las materias de prevención de riegos laborales, derechos fundamentales y libertades públicas de empresarios y trabajadores en el ámbito de la relación de trabajo, impugnación de actos administrativos en materia laboral y de Seguridad Social, y protección social.

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La Tutela

La guarda y protección de la persona y bienes o solamente de la persona o de los bienes de los menores o incapacitados, se realizará mediante la tutela, la curatela o mediante un defensor judicial.

Las disposiciones que van a regir en materia de tutela se encuentran recogidas en el Capítulo II, del Titulo X, del Libro I del Código Civil.

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La Declaración de Beijing

Los Gobiernos de los 189 países que participaron en la IV Conferencia Mundial sobre las mujeres, reunidos en Beijing (Pekín, República Popular China) en septiembre de 1995, firmaron un acuerdo, conocido como Declaración de Beijing, cuyas conclusiones fueron las siguientes:

Decididos a promover los objetivos de igualdad, desarrollo y paz para todas las mujeres del mundo, en interés de toda la humanidad, reconociendo las voces de las mujeres del mundo entero y teniendo en cuenta la diversidad de las mujeres y sus papeles y circunstancias, rindiendo homenaje a las mujeres que han allanado el camino, e inspirados por la esperanza que reside en la juventud del mundo, reconocemos que, aunque la situación de la mujer ha experimentado avances en algunos aspectos importantes en el último decenio, los progresos no han sido homogéneos, persisten las desigualdades entre mujeres y hombres y sigue habiendo obstáculos importantes que entrañan graves consecuencias para el bienestar de todos los pueblos.

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La elaboración de esta norma se fundamenta en la disposición final tercera de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que habilitaba al Gobierno para dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicación de dicha Ley. En este caso concreto se desarrolla el régimen jurídico específico del flujo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Ya el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos, había incorporado al ordenamiento jurídico español la Directiva 2002/96/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo.

Posteriormente la citada Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, incorporó a nuestro ordenamiento interno la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y la Directiva marco de residuos del Consejo. Entre sus novedades se incluían las condiciones en las que deben operar los gestores de residuos, el régimen de comunicación y autorización de los gestores y de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, así como el Registro de Producción y Gestión de Residuos único en el ámbito estatal. Esta ley también preveía la existencia de reales decretos para los flujos específicos de residuos que contendrán las especificidades propias del régimen de cada tipo de residuos.

La necesidad de elaborar este nuevo Real Decreto obedece a los importantes cambios que ha marcado la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio, así como a la necesidad de mejorar determinados aspectos del funcionamiento del modelo de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que tras el Real Decreto 208/2005 no habían sido suficientemente desarrollados. Era necesario abordar una nueva norma que nos sitúe en la senda del cumplimiento de los nuevos objetivos y obligaciones más ambiciosas y exigentes que la Directiva de 2012 recoge.

El Real Decreto ahora comentado incorpora, pues, al ordenamiento jurídico español la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio, incluye las novedades de la Ley 22/2011 y deroga el anterior Real Decreto 208/2005 en materia de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos para superar los problemas detectados en su aplicación e incluir la experiencia adquirida en este sector de tan rápida evolución.

Este nuevo Real Decreto 110/2015 se estructura en once capítulos que quedan ordenados siguiendo las etapas que van desde la aparición de los aparatos eléctricos y electrónicos en el mercado, a la recogida y gestión de los residuos de estos aparatos.

El primer capítulo contiene las disposiciones generales e incluye el nuevo ámbito de aplicación que amplía el ámbito actual de aplicación y modifica las categorías de aparatos eléctricos y electrónicos, que pasan a agruparse en siete categorías, a diferencia de las diez hasta ahora existentes.

En el capítulo segundo se regulan las obligaciones de productores de aparatos eléctricos y electrónicos relativas a la introducción en el mercado de los mismos, tales como el marcado del equipo para que se informe al consumidor sobre la necesidad de no depositarlos con la basura doméstica sino de manera separada, así como las pautas que hay que seguir en el caso de que contengan pilas extraíbles.

El capítulo tercero regula la prevención de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y la reutilización de los usados, destacando la importancia de evitar nuevos residuos mediante la prevención de su generación y el alargamiento de su vida útil.

El cuarto capítulo contiene seis secciones dedicadas a la recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a través de los distintos canales, así como a las obligaciones de información y los objetivos de recogida separada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

El capítulo quinto regula el tratamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, especialmente la preparación para su reutilización, de manera que se reconozca su relevancia específica y se establecen requisitos técnicos específicos para garantizar su profesionalidad. También trata sobre el cumplimiento de las obligaciones de información, creando una plataforma electrónica que actúa como una única base de datos sobre recogida y tratamiento de residuos y que es alimentada por información de los operadores que recogen o reciben los residuos y por los gestores que los tratan. Así se garantiza el control de los residuos, ya que la plataforma es el medio a través del cual los gestores cumplen con sus obligaciones de información, tales como el mantenimiento del archivo cronológico y la memoria anual.

El capítulo sexto regula los traslados de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos dentro de España, en coherencia con la normativa sobre este tipo de traslados ya existente y con el régimen de traslados fuera del territorio nacional y fuera de la UE, dada la especial problemática generada por el traslado ilegal de este tipo de residuos a países en desarrollo que ponen en riesgo tanto la salud como el medio ambiente y el acceso a los recursos y materias primas necesarias para la fabricación de estos aparatos. También se incorporan los requisitos para distinguir el traslado de aparatos eléctricos y electrónicos usados de los traslados de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, tal y como dispone la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

El capítulo séptimo detalla los requisitos de las autorizaciones, comunicaciones y de otras obligaciones de los gestores de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, detallando los requisitos y comprobaciones técnicas que se precisan para garantizar un adecuado tratamiento de este tipo de residuos, dado que contienen, además de materiales valiosos, también componentes y sustancias peligrosas que han de ser adecuadamente extraídas de los residuos para evitar la contaminación de los materiales en las fases posteriores de fragmentación, compactación y reciclaje de los mismos, tal y como se establece en los correspondientes anexos del propio Real Decreto.

El capítulo octavo está dedicado en sus cuatro secciones a la responsabilidad ampliada del productor de aparatos eléctricos y electrónicos. Asimismo, se incorporan medidas de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas a los efectos de simplificar las obligaciones de los productores en materia de comunicación de los informes anuales, en el ámbito autonómico y estatal, a las autoridades competentes en materia de residuos, que pasan a comunicarse sólo a una autoridad, al correspondiente Ministerio, que luego será quien dé traslado a las comunidades autónomas, reduciendo con ello las cargas administrativas de los operadores.

El capítulo noveno trata sobre obligaciones de información de las administraciones públicas, información de las administraciones públicas a los usuarios, cooperación administrativa e intercambio de información, e informe a la Comisión Europea.

En el capítulo décimo se regula la coordinación en materia de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, sus específicas funciones de coordinación, así como la plataforma electrónica de gestión de los mismos y la oficina de asignación de su recogida.

El capítulo décimo primero se dedica a las cuestiones de supervisión, control y vigilancia, inspección y régimen sancionador en la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Finalmente la nueva norma contiene tres disposiciones adicionales, once disposiciones transitorias, una derogatoria única, cuatro finales y dieciocho anexos.

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